Aprobado el Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que busca modernizar y fortalecer el marco regulador de las entidades que forman parte de este sector. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que este proyecto supone un paso importante hacia la consolidación de una economía más justa, inclusiva y feminista. «Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución», ha declarado Díaz, quien subrayó que esta ley culmina un esfuerzo de cuatro años para promover una economía verde y democrática.

El anteproyecto introduce modificaciones a tres leyes fundamentales: la Ley de Cooperativas de 1999, la Ley de Empresas de Inserción de 2007 y la Ley de Economía Social de 2011. En cuanto a la primera, se establecen nuevas disposiciones para adaptar el funcionamiento interno de las cooperativas a las tecnologías digitales y fomentar la igualdad de género mediante la creación de planes de igualdad. Además, las cooperativas de más de 500 socios estarán obligadas a tener una página web que garantice transparencia y accesibilidad para sus miembros. Se incluyen también medidas para evitar el fraude en el uso de la figura cooperativa, particularmente en la subcontratación abusiva que afecta a los derechos laborales.

En lo que respecta a las empresas de inserción, el anteproyecto amplía la definición de colectivos vulnerables que pueden ser contratados, incorporando a personas en riesgo de exclusión, como aquellas sin hogar que, aun trabajando, no tienen garantizados ingresos suficientes. Se refuerza, además, el modelo de empleo estable en estas empresas, fomentando la contratación indefinida para garantizar la competitividad y estabilidad en el empleo.

Por último, en lo que concierne a la Ley de Economía Social, el anteproyecto clarifica las tipologías de entidades que forman parte del sector, incluyendo un nuevo concepto de «empresa social». También se reformulan los objetivos de las políticas públicas de promoción de la economía social, adaptándolos a las nuevas realidades socioeconómicas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre este anteproyecto, en el que valora positivamente las medidas para reforzar el potencial competitivo de las entidades de economía social. La CNMC subraya que el impulso a estas entidades puede dinamizar la competencia y generar beneficios colectivos, aunque advierte sobre los riesgos de distorsionar el mercado si el apoyo no se implementa de manera adecuada. La Comisión señala que el proyecto no impone barreras explícitas a la entrada de nuevos operadores, pero llama a vigilar posibles efectos no deseados que puedan limitar la competencia o desincentivar la innovación.

El Consejo Económico y Social (CES) también ha emitido un dictamen favorable, considerando que la actualización integral de la normativa es esencial para responder a las transformaciones sociales y económicas de los últimos años. Según el CES, esta ley alinea sus objetivos con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que busca no solo crear empleo, sino también incrementar el impacto social del sector en toda la Unión Europea. En este sentido, el CES destaca el papel clave que puede desempeñar el anteproyecto en fomentar la cohesión social y el progreso sostenible en España.

Actualmente, el sector de la economía social representa un 10% del PIB en España y emplea a más de 2,2 millones de personas en más de 43.000 entidades, entre las que se incluyen cooperativas, mutualidades y empresas de inserción. Este sector se ha consolidado como un pilar fundamental para la reducción de la desigualdad y la redistribución más equitativa de los beneficios, especialmente en un contexto económico y social tan cambiante como el actual. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno refuerza el compromiso con una economía inclusiva y sostenible, consolidando a España como referente en la promoción de la economía social a nivel europeo e internacional.